Mientras en muchas partes de Europa, EEUU o Australia plantean el despliegue de fibra óptica como un plan estratégico para las economías patrias, España se sigue conformando con migajas tecnológicas. Hace poco menos de un mes Industria anunció los requisitos mínimos de la banda ancha universal para nuestro país: 1 Mbps de bajada y 256 Kbps de subida.
Si ya en el momento del anuncio estas especificaciones nos parecían escasas y muy limitadas, Inglaterra acaba de darnos un bofetón en toda la cara. El nuevo Gobierno británico ha calificado el plan del anterior ejecutivo de universalizar una banda ancha de 2 megas en su país como “miserable” y “poco ambicioso”. ¿Qué pensarán entonces en las islas del plan universalizador español?
Aún con esta polémica, Inglaterra, mediante la operadora BT, se sumará al resto de países que prevén infraestructuras de fibra óptica en los próximos años para atender las necesidades de buena parte de su población. España, en cambio, no. Y este inmovilismo tecnológico no se acaba de entender.
Si en el país británico consideran el acceso a Internet de alta velocidad una puerta al beneficio económico y social del país, con la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos, parece que la clase política española piensa que sólo queremos una conexión veloz para descargar contenidos (ilegales) a mayor velocidad.
Con este planteamiento, seguiremos muchos años anclados en el ADSL y en velocidades ridículas, como la propuesta por el Ministerio de Industria para la banda ancha universal, y cada día quedará más lejos ese 2023 anunciado por la CMT como fecha en la que casi el 50% de los hogares españoles tendrá fibra óptica. Ojalá.